A pesar del esfuerzo mancomunado de fiscales y jueces y de todas las reflexiones académicas hacia el mismo propósito, estamos lejos de erradicar los altos niveles de criminalidad e impunidad que azotan al país. Mi obligación y la de ustedes en la universidad, no es solo analizar este desolador panorama, sino buscar acciones que orienten su corrección efectiva. Para ello, se debe hacer el balance y descripción del estado de la justicia, tarea que nos compromete a todos.
Es necesario, por tanto, examinar no solo aspectos conceptuales y teóricos de las bondades y limitaciones de los sistemas procesales penales, bien conocidos por quienes se han congregado en este foro y participan en él, sino también considerar los resultados que muestran las cifras de los distintos sistemas en Colombia y también las mismas comparadas con las de países más avanzados o más atrasados que el nuestro.
La conceptualización de la comparación a nivel internacional, exige primero, claro está, breve anotación acerca de los factores que en grado mayor explican la alta criminalidad a nivel extranjero y también la de nuestro país. Los destacados concurrentes a este evento conocen que existe abundante y rigurosa literatura sobre la identificación, alcance y participación de los factores que determinan el crimen.
El caso de Colombia, señala al tráfico de drogas con indicadores de muy baja represión. Si a ello se agrega la guerrilla, la pobreza y la desigualdad de oportunidades, así como la alta propensión a la violencia, tenemos entonces algunos de los principales factores alentadores de la desmesurada delincuencia que nos agobia en sus distintas manifestaciones.
Varios de los análisis internacionales publicados por las Naciones Unidas y el “Sourcebook of Criminal Justice Statistics”[1], entre otros, enfatizan que el grado de represión de la delincuencia en cada país, constituye el elemento que más explica las diferencias en criminalidad observadas entre naciones.
Es bien conocido que los delitos principales registrados por las estadísticas de Colombia son, en su orden, el hurto calificado, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria y el homicidio. El primero de los delitos no admite comparación internacional porque las estadísticas presentan incongruencias del orden del 68%[2], mucho más severas que en la mayoría de los demás países. Los crímenes contra la familia se explican en buen grado por factores de orden sociológico, cultural y de educación. De este modo, la mejor forma de examinar los principales determinantes de la delincuencia entre países, debe centrarse en el caso de homicidios, como una aproximación al tema.
En cuanto al delito seleccionado, esta aproximación tiene una metodología consistente en comparar el delito homicidio con el número total de fiscales, policías y jueces encargados de reprimirlo. Es claro que estas comparaciones son imperfectas porque jueces y fiscales dedican apenas una parte de su tiempo al esclarecimiento y juzgamiento de homicidios y porque algunas de las personas bajo arresto con sentencia condenatoria, tienen cargos por crímenes distintos al del homicidio. Sin embargo, es pertinente anotar que el delito de homicidio ocupa una parte importante del tiempo de fiscales y jueces: cerca de un 30% en el caso de los primeros y algo más de 20% en el de los segundos. Adicionalmente, la población con medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad por homicidio, representa cerca del 22% del total de los internos en las cárceles.
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